Providencia de apremio: cuándo se dicta sin reclamación previa

La Tesorería General de la Seguridad Social puede dictar una providencia de apremio sin reclamar antes la deuda, pero solo en dos casos: cuando el responsable del pago liquidó las cuotas dentro de plazo y no las ingresó, y cuando la cotización se determina por el sistema de liquidación simplificada. En los demás supuestos hay que esperar a que venza el plazo de la reclamación de deuda o del acta de liquidación y a que estas sean firmes en vía administrativa.

El apremio sin reclamación previa solo cabe cuando la deuda ya está liquidada en plazo y, dice la norma, «correctamente calculada». Foto anónima, CC0 en Wikimedia Commons.

Qué es exactamente la providencia de apremio

El artículo 84.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (Real Decreto 1415/2004) la define sin rodeos: «constituye el título ejecutivo suficiente para el inicio del procedimiento de apremio por la Tesorería General de la Seguridad Social y tiene la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder contra los bienes y derechos de los responsables del pago de la deuda». Y añade una frase que por sí sola vale una pregunta: «Su omisión determinará la improcedencia de la vía de apremio».

Dicho en corto: sin providencia no hay embargo. Es la puerta de entrada a la vía ejecutiva, y por eso vive en el tema 6 del bloque específico de Administrativo de la Seguridad Social, el que la convocatoria dedica a la recaudación en vía ejecutiva.

Su contenido obligatorio incluye un plazo que conviene fijar ya: el artículo 84.2.e) exige advertir de que, si el pago no se efectúa «dentro del plazo de los 15 días naturales siguientes a la notificación», serán exigibles los intereses de demora devengados desde que terminó el plazo reglamentario de ingreso. Quince, naturales, y desde la notificación.

El circuito normal: primero se reclama, después se apremia

Lo habitual es que la Seguridad Social avise antes. El artículo 85.2 lo dice así: «En el resto de los casos, se dictará providencia de apremio cuando haya transcurrido, sin pago de la deuda, el plazo fijado en la reclamación de deuda o el acta de liquidación y éstas hayan adquirido firmeza en vía administrativa».

Son dos requisitos acumulativos: que el plazo haya pasado sin pago y que el acto sea firme en vía administrativa. Falta uno y no cabe apremiar.

Los dos casos en que se apremia directamente

El artículo 85.1 abre la excepción: «Se dictará providencia de apremio, sin previa reclamación de deuda o acta de liquidación, en los siguientes casos». Y la lista tiene exactamente dos letras.

a) La deuda ya estaba liquidada en plazo y no se ingresó. La letra a) cubre la falta de ingreso de la totalidad o de alguna de las aportaciones que integran la cuota, respecto de trabajadores dados de alta e incluidos en las liquidaciones transmitidas o en los documentos de cotización presentados dentro de plazo (si se aplica el sistema de autoliquidación), o en las liquidaciones practicadas por la Tesorería dentro de plazo (si se aplica el de liquidación directa), «cuando la deuda estuviese correctamente calculada».

b) La cuota se determina por liquidación simplificada. La letra b) se refiere a la falta de ingreso de las cuotas de trabajadores cuya cotización se determine mediante ese sistema: autónomos, trabajadores del mar por cuenta propia, los sistemas especiales de empleados de hogar y agrario en inactividad, el seguro escolar o los convenios especiales (artículo 22.1.c) de la ley).

La lógica es la misma: no hace falta reclamar lo que ya está determinado, lo determinara el deudor en plazo o la propia Administración.

Todo depende de cómo se liquida

Aquí está la clave del tema, y es lo que más cambia respecto a los apuntes antiguos. El artículo 22.1 de la Ley General de la Seguridad Social establece tres sistemas de liquidación de cuotas: autoliquidación por el sujeto responsable, liquidación directa por la Tesorería y liquidación simplificada. No son tres formas de pagar: son tres formas de determinar cuánto se debe.

El artículo 29 de la misma ley pone los plazos para cumplir con esa determinación. En autoliquidación, la liquidación se transmite electrónicamente «hasta el último día natural del respectivo plazo reglamentario de ingreso». En liquidación directa, los datos se transmiten «hasta el penúltimo día natural» de ese mismo plazo: un día menos, porque la Tesorería tiene que calcular. Y en liquidación simplificada no son exigibles esas obligaciones, siempre que el alta se haya solicitado en plazo.

El artículo 59 del reglamento cierra el círculo: esas obligaciones «deberán cumplirse aunque los sujetos responsables del pago no ingresen aquellas dentro del plazo reglamentario que corresponda». Liquidar e ingresar son cosas distintas, y se responde por separado de cada una.

Y no es un formalismo. El artículo 29.5 de la ley reserva la compensación del crédito por prestaciones abonadas en pago delegado a quien cumplió en plazo, y el artículo 60 del reglamento precisa quién la aplica: el propio responsable en autoliquidación, la Tesorería en liquidación directa. Además, el artículo 30 gradúa los recargos según eso mismo: 10 o 20 por ciento si se liquidó en plazo, 20 o 35 por ciento si no.

El ejemplo: la empresa de Marta

Imagina que Marta lleva la administración de una empresa y tiene que cotizar por las nóminas de marzo. Según el artículo 56.1 del reglamento, las cuotas se ingresan «dentro del mes siguiente al que corresponda su devengo»: tiene todo abril. (Si fuera autónoma, el plazo sería el mismo mes.)

• Transmite la liquidación el 30 de abril, pero no ingresa. Cumplió la obligación de liquidar, los trabajadores están de alta y la deuda está bien calculada: encaja en la letra a). La Tesorería puede dictar providencia de apremio sin reclamarle nada antes. Si paga en mayo, el recargo es del 10 por ciento; a partir de junio, del 20.
• No transmite nada. No encaja en la letra a), así que no cabe el apremio directo: habrá reclamación de deuda o acta de liquidación. Pero el recargo sube al 20 por ciento si paga antes de que venza el plazo de esa reclamación, y al 35 después. Y pierde la compensación de las prestaciones que adelantó en pago delegado.

Fíjate en la paradoja que suele caer: cumplir con la liquidación es lo que permite apremiar sin avisar, y aun así sale mucho más barato que no cumplir.

Por dónde viene la pregunta

Contra la providencia de apremio «solamente será admisible recurso de alzada» por cinco motivos, y el artículo 86.1 los enumera: pago, prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación, aplazamiento o suspensión del procedimiento, y falta de notificación de la reclamación de deuda (cuando esta proceda), del acta de liquidación o de las resoluciones que estas o las autoliquidaciones originen. Es una lista cerrada, y el enunciado que añade un sexto motivo es falso. Además, el apartado 2 añade algo que se olvida: interponer el recurso suspende el procedimiento de apremio «sin necesidad de la presentación de garantía» hasta que se notifique su resolución.

Los otros tres sitios por donde entra el fallo: cambiar los 15 días naturales por hábiles o contarlos desde que se dictó la providencia en vez de desde la notificación; dar por hecho que siempre hace falta reclamación previa; y quedarse con la redacción antigua del artículo 85, que hablaba solo de «documentos de cotización» y de regímenes especiales con cuota fija. Ojo también con la remisión interna: ese artículo sigue citando «los artículos 19.1.c) y 26.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social», y en el texto refundido vigente los tres sistemas están en el artículo 22.1, mientras que el 26 regula la devolución de ingresos indebidos.

Estudiar este punto con un temario desactualizado no se nota al leerlo: se nota en el examen. Si quieres ver qué temas concentran más preguntas, está medido en lo que más cae, y por qué los plazos se caen justo cuando crees que los sabes lo contamos en la curva del olvido. Otro punto que se juega entero en plazos son los 365 días de la incapacidad temporal.

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En Cinosura cada plazo y cada lista cerrada va anclada a su artículo del BOE, y el vigía avisa cuando esa redacción cambia. Lo que estudias es lo que está en vigor hoy.